El senador de Morena Martí Batres, la Secretaria de Cultura Alejandra Frausto, y la directora del INBA, Lucina Jiménez, deben renunciar a sus cargos por haber estado involucrados en el acto religioso que se llevó a cabo en Bellas Artes para Naasón Joaquín García.
En sí el que la Secretaría de Cultura haya accedido a que se hiciera ese homenaje --que ahora niegan-- era grave al ser claramente una afrenta al Estado Laico. Pero ahora que se sabe que las autoridades de Estados Unidos detuvieron a Naasón Joaquón García por presuntamente haber violado a menores de edad, el caso es mucho más grave.
Porque el caso que tiene el fiscal general de California contra Naasón Joaquín García involucra evidencia de la cual no hay manera de que el líder de la secta "cristiana" pueda zafarse.
Mire usted:
El documento de las autoridades de California en el cual se solicita el arresto de Naasón Joaquín García hace una lista muy contundente y detallada de los delitos sexuales que cometió en contubernio con sus ayudantes (todas mujeres) para violar y obtener material pornogáfico de menores de edad.
Las descripciones en el documento señalan que las ayudantes de Naasón Joaquín García le solicitaron a menores de edad que se tomaran fotos desnudas y que se las enviaran por teléfono. Si los padres de las víctimas denunciaron esto, las autoridades de California simple y sencillamente necesitarían producir los teléfonos de las víctimas par mostrar los números a las que fueron enviadas las imágenes.
Además, en un caso criminal como este, las autoridades de California le pueden pedir al sistema de mensajería telefónica (Whatsapp, Apple, Telegram, etc) que les den acceso a las cuentas de las víctimas y de los acusados para verificar que la acusación es verdadera.
Es de dudarse que las autoridades de California no hayan hecho esto. Si lo hicieron, y tienen las evidencias de las transferencias de las imágenes a los números telefónicos de los acusados, Naasón Joaquín García será condenado a prisión por traficar pornografía con menores.
Pero el documento revela un dato que nadie en los medios notó. En la página 12 del documento se establece lo siguiente:
"La convicción de estas ofensas requiere que el acusado de muestras de ADN e impresiones digitales en cumplimiento de las secciones 296.1 del Código Penal. Rehusarse de manera voluntaria para dar las muestras e impresiones es un crimen."
Para los que no saben cómo funciona el sistema penal en Estados Unidos, a cualquier persona que arrestan se les toman fotografías y huellas digitales, pero no muestras de ADN. Esas se piden si se le encuentra culpable. Pero aquí viene el detalle: si alguna de las víctimas lo denunció luego de que la violó, las autoridades de EU ya tienen muestras de ADN, por lo cual resultaría prácticamente imposible que Naasón Joaquín García pueda librar ser condenado.
Un arresto de esta naturaleza no se hace a la ligera. Ni se hace con una mera acusación. Para que el fiscal general de California personalmente llevara este caso tuvo que haber evidencia muy contundente de los crímenes que le imputan a Naasón Joaquín García. De lo contrario, el fiscal general de California corre el riesgo de un escándalo público enorme.
Y ningún fiscal en California se arriesgaría a un escándalo de ese tamaño.
¿Por qué? Porque en Estados Unidos ser fiscal general puede ser escalón para contender como gobernador. Si un fiscal general gana un caso tan grande como el de Naasón Joaquín García, tiene prácticamente asegurada una candidatura para gobernador.
De ahí que sea fráncamente difícil que Naasón Joaquín García pueda argumentar que no es culpable.
Y esa es precusamente por la cual ni Martí Batres, ni Alejandra Frausto, ni Lucina Jiménez pueden seguir en sus cargos. Frausto y Jiménez por haberle permitido usar Bellas Artes para un acto religioso a sabiendas de que lo era. Y Martí Batres por haber ido a barbearle y a sentarse en el palco en el que estaba Naasón Joaquín García, como han evidenciado imágenes que circularon recientemente en redes sociales.
En Estados Unidos estar involucrado con alguien así sería el fin de la carrera política de cualquier funcionario. Debe serlo también en México. Martí Batres, como mínimo, debe renunciar a su cargo de Senador y debe retirarse de la política. Simple y sencillamente no hay manera de que se pueda confiar en él si fue a un evento de una secta religiosa, mucho menos cuando el líder es arrestado por pederastia.
"Pero es que nosotros no sabíamos y no se sabía de sus delitos antes del concierto," dice Martí Batres. Pues no es excusa. No es excusa que un político que se llama "Martí", con una hermana que se llama "Lenia", y que se dice seguidor de un político juarista (AMLO), vaya a un evento de un líder de una secta religiosa. Menos a sentarse en su palco. Ya tampoco es excusa decir que no sabía cuando la realidad es que las autoridades mexicanas son las que deberían estar investigando este tipo de delitos, pero no lo hicieron.
No. No hay excusa. Martí Batres debe renunciar. Alejandra Frausto debe renunciar. Lucina Jiménez debe renunciar. Dejaron de ser confiables como funcionarios y lo mejor para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador es que no sigan ahí.
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