Hace unos días el Senado aprobó una ley en el Senado para dar prisión preventiva por delitos menores como el robo.
Defensores de derechos humanos se quejaron, con justa razón, de que esa ley criminalizaba a gente pobre y a jóvenes, ya que se les podría encarcelar por delitos que no cometieron con una mera acusación. Peor; si no se siguió debido proceso, la persona de todos modos iría a prisión aunque fuera inocente.
El problema es que esa ley fue aprobada con votos de Morena.
Poco después de que el Senado aprobó esa ley, Morena pretendió impulsar una ley para aplicarles castración química a violadores y pederastas. Pero Andrés Manuel López Obrador se opuso a esa ley. Dijo:
"Ninguna medida de ese tipo es la solución. Hay que atender las causas."
Lo cual es congruente con su discurso de no hacer uso de medidas coercitivas ante el delito. Aunque, la verdad, no es lo mismo la causa por la cual alguien se mete de narco o a robar, la cual tiende a ser de índole económica, que la causa por la cual alguien comete una violación, que tiende a ser de índole de agresividad a secas.
Al margen, si AMLO se opone a la castración química, entonces también se debe oponer a la prisión preventiva cuando no hay evidencia de un delito y vetar la ley que aprobó su propio partido en el Senado.
Porque así como AMLO sostiene que hay separación de poderes, también está entre sus atribuciones el vetar leyes aprobadas por el legislativo.
Y para los de Morena: si quieren reducir los robos, empiecen mejor generando empleos, subiendo salarios, y desde luego frenando el tráfico de armas.
Porque francamente frenaría más al crimen una ley que investigue el origen del tráfico de armas que una que de prisión por delitos que no se cometieron.
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