Publica hoy Reforma que la PGR dice estar muy indignada porque un fiscal federal de Estados Unidos no regresó a México a un lavador del Chapo Guzmán y lo dejó en libertad tras negociar que se declarara culpable a pesar de que había un acuerdo con México para regresarlo a México para ser juzgado por lavado.
La manera en la que está escrita la nota de Reforma sugiere que hubo impunidad en el caso, y que por eso la PGR se ha hecho guaje con las extradiciones a Estados Unidos. Pero francamante la nota no justifica a la PGR y no muestra impunidad alguna. Mire usted por qué:
la nota se refiere al caso de Pedro Alfonso Alatorre Damy "El Piri", quien operaba el lavado de dinero para el Chapo Guzmán por medio de la Casa de Cambio Puebla, y quien fuera detenido el 8 de noviembre de 2007 en Huixquilucan, Estado de México.
Exactamente cinco años y un día después, el 9 de noviembre de 2012, Alatorre fue extraditado a Estados Unidos para que compareciera ante una corte federal del distrito sur de Florida, en Miami, para que lo juzgaran por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud.
Estados Unidos se comprometió a devolver a Alatorre a México luego de los juicios.
Pero ya en Estados Unidos, el Fiscal Federal del Departamento de Justicia que llevaba el caso de Alatorre, ignoró el acuerdo de regresarlo a México y negoció con el lavador del Chapo para que se declarara culpable del delito de lavado de dinero, por el cual México no quería que fuera extraditado.
Como resultado de la negoaciación con EU, Alatorre fue sentenciado el 11 de abril de 2013 a una pena mínima de 65 meses en de prisión. Como ya había estado preso desde 2007, la justicia de Estados Unidos lo liberó 11 días después por considerar que ya estaba cumplida la sentencia.
Y por consiguiente, Alatorre ya no puede ser juzgado en México por el delito de lavado puesto que se violaría el principio legal que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito.
Hoy en día, señala Reforma, Alatorre se encuentra en libertad en Florida y sin brazalete electrónico.
Contada así la historia, y con los adjetivos que usa la PGR en el documento en donde la cuenta (como "de manera inexplicable y negligente no sólo negoció"), parecería que los malos de la película son los americanos al negociar con un lavador del Chapo, y que por eso la PGR de hizo guaje con la extradición del Chapo y se tardó mucho tiempo, dándole así la oportunidad de poder fugarse.
Pero analizando con objetividad el caso de Alatorre, en realidad la historia no justifica a la PGR y, por el contrario, lo que hace es reforzar la sospecha de complicidad entre el gobierno federal priista y el Chapo.
Para empezar, la pena por lavado de dinero en México es de 5 a 15 años de prisión. En el momento en el que Alatorre fue extraditado a Estados Unidos, técnicamente ya pudo haber sido puesto en libertad por la justicia mexicana.
Inclusive si lo hubieran sentenciado a 15 años de prisión, su sentencia pudo haberse reducido a la mitad por buena conducta, con lo cual Alatatorre hubiera salido de prisión un año y medio después de que lo soltaron en Estados Unidos.
Segundo lugar: la PGR no dice en qué consistió la negociación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Alatorre.
Usualmente cuando se negocia con delincuentes que están por debajo de capos de cárteles y mafias, las negociaciones son a cambio de información y cooperación que lleve al arresto de capos mayores o al desmantelamiento de cárteles y mafias.
Eso tuvo que haber sido forzosamente el caso con Alatorre debido a que a cambio de declararse culpable de un sólo cargo de lavado de dinero, le retiraron 54 cargos federales por lavado de dinero del narco y le permitieron permanecer en Estados Unidos a pesar de que a los delincuentes que no son ciudadanos de Estados Unidos se les deporta a su país de origen cuando cometen delitos como lavado de dinero o actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Alatorre lleva más de dos años en Estados Unidos, por lo cual la negociación tuvo que haber sido a cambio de información que realmente pudiera darle un fuerte golpe al Cártel de Sinaloa. De lo contrario ya lo hubieran deportado.
Lo cual tiene sentido ya que Estados Unidos congeló bienes y empresas en Estados Unidos ligados al Chapo Guzmán entre principios de 2012 y principios de 2015. Cualquier información relevante que les hubiera dado Alatorre les hubiera ayudado a desmantelar la red financiera del Chapo en Estados Unidos o a tener suficiente evidencia para sentenciar al Chapo en EU de haber sido deportado.
En México, en cambio, nunca se tocó a la red financiera del Chapo. Sólo a sus operadores principales. Pero detener a los operadores no frena el funcionamiento de la red financiera de ningún cártel.
La pregunta ahora es ¿por qué se está quejando entonces la PGR el caso de Alatorre siendo que prácticamente lo hubieran tenido que dejar libre si no lo hubieran extraditado?
Pues porque la titular priista de la PGR, Arely Gómez, y el de Gobernación, Osorio Chong, están bajo la mira de la opinión pública por haberse hecho guajes con la extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos y llevan días buscando como desesperados cómo convencer a la opinión pública de que se hicieron guajes porque en Estados Unidos negocian con los delincuentes.
Y es que ya van tres veces que sacan notas en Reforma alegando que México está muy molesto con Estados Unidos porque negocian con delincuentes extraditados.
Pero las notas no dicen que en EU siempre han negociado con criminales menores si esa negociación proporciona material para encarcelar a capos más pesados y aplastar a mafias y cárteles.
Cosa que la PGR no hace. Al revés; se hacen guajes para que se pueda escapar el Chapo Guzmán o para que queden impunes los delitos de defraudadores a Pemex.
Por lo cual, no le creo al cueto de la PGR de que se hicieron guajes con la deportación del Chapo Guzmán por un supuesto temor de que negociaran en Estados Unidos con él. Eso suena a excusa barata de algún asesor de imagen de Televisa.
Lo más lamentable del caso es que al publicar ese tipo de notas Reforma se esté prestando para algo que tiene todo el tufo de ardid de la PGR para lavarse la cara ante lo que cada vez se ve más como complicidad con el Chapo Guzmán por parte del gobierno de Peña Nieto.
Vamos, los dueños de Reforma viven en Estados Unidos. Con la mano en la cintura podrían investigar cómo funciona el sistema de justicia de Estados Unidos y los documentos del caso Alatorre para poder dar una versión completa de los hechos.
Pero no. Dejaron la nota a medias y sólo con la versión de la PGR, instancia que, francamente, no es confiable en todo lo que respecta al caso del Chapo Guzmán.
Prueba de ello no sólo es el hecho de que dejaron que el Chapo se escapara, sino que, a diferencia de Estados Unidos, nunca tocaron la red financiera del Chapo en México.
Qué vergüenza que Reforma se presete, de manera voluntaria o invulntaria, para esa tomada de pelo de la PGR.
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