Hace unos días El Universal publicó una entrevista con la directora del gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, quien indicó que la inseguridad y violencia en México, así como la falta de un Estado de derecho más consolidado y un mejor sistema judicial, limitarían los beneficios de las reformas privatizadoras de Enrique Peña Nieto.
La entrevista tenía la intención de chulear a las reformas de Peña Nieto y a la manera en la que se está condiciendo el país. Es maquillaje mediático, pues.
Pero todo el maquillaje mediático es irrelevante si la propia OCDE admite que la inseguridad será el fracaso de las reformas privatizadoras.
Porque a estas alturas del sexenio ya es evidente que ni a Peña Nieto ni al PRI les interesa acabar con la inseguridad debido a que ha quedado documentado que solapan y hasta son cómplices del narco.
Siendo el caso, no se van a poner a detener a los corruptos que son parte del propio sistema priista.
Con lo cual tenemos que Peña Nieto impuso reformas privatizadoras que o no sabía que serían un fracaso por su propia incapacidad para gobernar, o sí sabía que serían un fracaso pero le permitirían a sus cuates robar mucho en poco tiempo.
Es precisamente por eso que el PRI no debe seguir en el poder y se le debe remover por medio del voto. Y el PAN también, ya que el PAN aprobó las reformas de Peña Nieto.
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