No termina de estallar un escándalo para el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto cuando empieza otro.
Ayer, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que acusa de lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico al ex alcalde priista de Matamoros, Érick Agustín Silva Santos, quien tras una investigación de un año también es acusado por el gobierno de Barack Obama de malversar contribuciones de campaña, aceptar sobornos y defraudar a Matamoros usando fondos públicos.
De acuerdo con Reforma, la acusación indica que Silva habría usado fondos públicos para enviarlos a cuentas bancarias de Estados Unidos por medio de transferencias o depósitos electrónicos.
Además lo acusan de hacer declaraciones falsas a funcionarios bancarios y de usar justificantes ficticios.
En otras palabras, una vez más tiene que ser la autoridad de Estados Unidos la que investigue la corrupción del PRI ya que el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto no lo hace.
LOS MOCHES DEL PRI
Y por si fuera poco, ayer el diario Reforma dio a conocer que una empresa llamada Comercializadora AGAM está operando como intermediara entre los municipios y la Secretaría de Hacienda para gestionar recursos del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad (FAIP) pero cobrando un moche de entre 30% y 40%.
El detalle es que por ley esos fondos se deben tramitar directamente entre los servidores públicos y el gobierno federal, sin que intervengan terceros.
Esto quiere decir que si Hacienda, cuyo titular es Luis Videgaray, permite que AGAM intervenga, es el propio gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto el que está violando la ley, ya que los proyectos deben ser avalados directamente por la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda.
Ahora la pregunta es ¿quién se está quedando con esos moches? Porque resulta que donde más se roban el dinero es en los estados priistas, como Jalisco, Estado de México, Hidalgo y Zacatecas. En Veracruz, curiosamente, el moche es de 40%.
Los moches se reparten 4% para el alcalde; 12% para los funcionarios de Hacienda; 16% para el gestor y 2% para la constructora.
En otras palabras, los propios funcionarios de Hacienda son los que están incurriendo en corrupción.
¿Y qué ha dicho Luis Videgaray al respecto? No ha dicho nada. ¿Por qué?
Ah, y por cierto: el fondo del cual están robando con permiso del gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto es de 2 mil 500 millones de pesos. Eso quiere decir los funcionarios priistas que se roban entre 750 y mil millones de pesos al año que se supone que deberían usarse para los municipios.
¿Y así les extraña que el narco ganando terreno en los municipios pobres de México?
Otra razón más para que renuncie Enrique Peña Nieto.
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