De acuerdo con Animal Político, el expediente que obtivieron los abogados de los detenidos muestra que la PGR no pudo presentar evidencia fotográfica de que respalde las acusaciones contra los detenidos, y que su única evidencia son los dichos de los policías federales que los presentaron ante la SEIDO.
El problema, señalaron los abogados, es que a varios detenidos no los detuvo la PF, sino la SSPDF, por lo cual los policías federales nisiquiera podían afirmar haber presenciado flagrancia.
Ésto, señalan los abogados, implicaría falsedad de testimonio por parte de la policía federal.
Pero hay más; una de las "pruebas" de la PGR contra los detenidos es que, dice, de llamaban "compas" entre ellos, con lo cual, dice la PGR, se demostraría que son parte de una "célula subversiva."
La acusación es falaz, desde luego, ya que la palabra "compa" es usada de manera común por mucha gente en diversas partes del país sin ninguna intención política. Ejemplo de esto es Baja California, donde se usa la palabra "compa" inclusive para referirse a personas que no se conocen entre ellos.
Otra acusación de la PGR para "demostrar" culpa contra una detenida fue que en su celular había fotos de la marcha del 20 de Noviembre y porque estaba entre la gente que lanzaba consignas contra Enrique Peña Nieto.
Ninguna de esas acusaciones demuestra que la detenida hubiera participado en actos de violencia.
La cereza en el pastel es que la PGR intervino las cuentas de Facebook de los detenidos y no pudo encontrar evidencia alguna de que fueran parte de alguna "célula subversiva."
Por si fuera poco, la PGR alega que los detenidos están golpeados porque ellos golpearon con sus cabezas a los escudos de los policías.
La falta de pruebas de la PGR explicaría por qué la Comisión Nacional Bancaria y de Valores solicitó información sobre los detenidos, lo cual ocurre cuando se presume terrorismo y lavado, ya que al no existir pruebas contra los detenidos, la CNBV está siendo usada para tratar de encontrar alguna prueba que pudiera justificar las detenciones. Sin embargo, la CNBV tampoco ha podido encontrar evidencias contra los detenidos.
A pesar de todas estas anomalías, la PGR insiste en mantener presas en penales de alta seguridad a 11 personas por delitos de los cuales no hay pruebas que hubieran cometido.
Con esto se demostraría que los detenidos del 20 de noviembre en realidad son presos políticos, y que los tienen detenidos con la intención de pretender amedrentar al resto de la población para que dejen de protestar exigiendo justicia por Ayotzinapa y la renuncia de Peña Nieto.
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