El artículo señala los casos de Iguala y Tlatlaya como muestra de que Peña "le dio prioridad a las reformas económicas, y minimizó la ley y el orden, como la manera de modernizar a México, sin admitir que los dos igualmente importantes."
El artículo también menciona la multitudinaria marcha en la Ciudad de México para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos desde la masacre de Iguala.
Para The Economist, los "retos" que enfrenta Peña son la impunidad, rendición de cuentas y gobernabilidad.
Señala además que las vícitimas del crimen en México han ido en constante aumento desde 2010, pasando de 92% de casos que no fueron reportados o investigados en ese año, a 93.8% de los casos en 2013 de acuerdo con datos del INEGI.
Cita además al académico David Shirk, de la Universidad de San Diego, quien señala que el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto ha promovido de manera inadecuada un nuevo sistema de justicia en parte porque buscó desestimar cualquier señal de violencia que detuviera a inversionistas extranjeros.
Por lo cual, dice el artículo, los priistas "no parecen entender lo importante que es el imperio de la ley para su agenda económica."
Por último, el artículo cita al analista político Sabino Bastidas, quien señala que el problema va más allá de la gobernabilidad, ya que "en un sistema en el que el poder da privilegio, y el privilegio puede significar literalmente poder matar, no es sólo las instituciones las que necesitan cambiar, sino la manera de pensar."
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