Ayer le otorgaron un amparo para no se arrestada por delitos no-graves a la esposa del alcalde de Iguala, quien está escondida junto con su esposo desde el 30 de septiembre, cuando estalló el escándalo por la masacre de normalistas de Ayotzinapa.
El amparo quedaría sin efectos sólo si la SEIDO la requiriera para comparecer por delitos de crimen organizado.
Eso quiere decir que en realidad de quien depende que arresten a José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, es del gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto.
Y es que el propio José Luis Abarca, quien ya no tiene fuero, también tramitó un amparo el 6 de octubre y se le otorgó una suspensión provisional para no ser detenido por delitos no-graves.
Lo cual quiere decir que su arresto ya no depende del gobierno de Ángel Aguirre, sino del gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto.
Y si Peña Nieto no lo arresta, entonces así como se está exigiendo la renuncia de Aguirre, también se debe exigir la renuncia de Peña Nieto, tanto por omisión al no haberlo investigado en 2013, cuando sabían que lo acusaban de asesinato, como por la negligencia e ineptitud que está mostrando ahora al tardarse semanas sin dar con él.
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