Además, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, señaló que la versión de la PGR es más bien para hacer control de daños ante el hecho de que no encuentran a los normalistas.
En reunión en Los Pinos, los famliares de los normalistas presentaron un pliego petitorio de tres puntos en el cual exigen que no se criminalice a la Normal Rural.
De acuerdo con Reforma, Rosales dijo:
"Dentro de la tesis que ellos están manejando, que la PGR maneja, ellos ya establecen, ya tienen ciertos indicios de que 26 de los restos que han localizado pertenecerían a los estudiantes ¿no? Pero faltarían un total de 17 ¿no?"
Esa sería la razón, sugirió, por la cual ahora manejan la versión de que 17 supuestos integrantes de "Los Rojos" fueron incinerados por Guerreros Unidos y sus cenizas esparcidas en un rio.
De acuerdo con El Universal, las 3 peticiones fueron las siguientes:
1. Redireccionar la búsqueda en vida de los normalistas, en vez de enfocar las investigaciones en fosas.
2. No criminalizar a la Normal Rural, ya que no quieren que tome fuerza el tema de la infiltración del crimen organizado.
3. Reparación del daño para las víctimas de los hechos de Iguala.
Cabe señalar que el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto ha pretendido filtrar la idea de que los normalistas desaparecidos, y la propia Normal Rural, estaban infiltrados por Los Rojos y esa fue la causa por la cual los masacraron y desaparecieron.
Sin embargo, esa versión se basa en un testimonio contradictorio y plagado de errores supuestamente proporcionado por el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias.
Entre los aspectos contradictorios e inverosímiles del testimonio se encuentra la declaración de Casarrubias de que 17 integrantes de Los Rojos, rivales de Guerreros Unidos, habían infiltrado a los normalistas, pero que habían sido atrapados, ejecutados y calcinados para las 14:00 horas del 26 de Septiembre.
El problema es que la masacre y desaparición de los normalistas ocurrió durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Esto ha llevado a sospechar que en realidad el testimonio de Casarrubias es un intento del gobierno priista para pretender quitarle responsabilidad al gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto por no haber investigado a José Luis Abarca a pesar de que se le advirtió a Jesús Murillo Karam en octubre de 2013 que Abarca tenía acusaciones de asesinato.
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