De acuerdo con Reforma, la investiación se abrió de oficio para averiguar si se vulneraron los derechos humanos de los niños revisados.
La PF tendría 15 días para responder sobre el contenido de los protocolos que siguieron, mientras que la CNDH investigará quién dio la orden de revisar a los niños.
Entre la información que solicitó la CNDH está si la PF informó a los padres de familia y a los niños los motivos y alcances de la revisión para asegurarse de que los cateos se hayan hecho bajo consentimiento.
La CNDH recibió llamadas telefónicas informando sobre lo ocurrido y las imágenes de los cacheos.
El comisinado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, pretendió alegar que los cacheos se realizaron para preservar la seguridad de los asistentes, pero nunca antes se había visto que la policía cateara a niños de 2 años.
La Red por los Derechos de la Infancia denunció que los cateos vulneraron los derechos de intimidad e integridad de los menores, no obstante.
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