En vez de investigar y sancionar a los bancos que operan en México por permitir el lavado de dinero, el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto decidió colgarse de una de les leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones para hacer terrorismo fiscal por medio de las líneas telefónicas.
Y es que a partir de hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le podrá pedir a las telefónicas los datos y la geolocalización de cualquier usario de teléfono, sea fijo o móvil, supuestamente para combatir el lavado de dinero.
Eso es falso. Al gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto no le ha importado el lavado, ya que en el año y medio que lleva en el poder no ha habido una sola sanción al sistema bancario, que es donde se lava la mayor parte del dinero en México (39 mil millones de dólares de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos).
Y la cantidad va en aumento, ya que la propia PGR admitió que se lavan unos 10 mil millones de dólares al año en la banca mexicana cuatro años antes.
Vamos; en abril de 2012 Mario Di Costanzo, hoy titular de Condusef, denunció que en México simple y sencillamente no se investiga el lavado de dinero, puesto que de 2006 a 2009 sólo se obtuvieron 20 sentencias condenatorias por ese delito.
Todo esto es evidencia de que el gobierno federal priista no va a usar los datos de teléfono celular para investigar lavado de dinero. Lo usarán para hacer terrorismo fiscal contra los contribuyentes que, ahogados por el aumento a los impuestos que impuso Peña Nieto el año pasado, no podrán pagar lo que deben porque no hay crecimiento económico para pagarlo.
¿Qué va a pasar entonces? Pues que no va a faltar el que decida sacar su dinero del sistema bancario por medio criptomonedas como el bitcoin para que el gobierno federal priista no lo pueda tocar. Y si los rastrean por medio del celular no hay tos; compran un chip pirata a nombre de Perico de los Palotes y se acabó.
No estoy sugiriendo que la gente haga esto, pero sí puedo ver que esto pueda ocurrir como resultado del terrorismo fiscal de Peña Nieto. Esto es lo que pasaría:
Se puede abrir una cuenta en algún sitio de venta de bitcoin como Bitstamp o BTC-e, que están fuera de la jurisdicción de las autoridades mexicanas, y usar la opción de pago por medio de Oxxo.
La opción de pago con Oxxo permite pagar en efectivo la compra de los bitcoins. Todo es cosa de comprar poco a poco en distintas sucursales y el dinero queda convertido en bitcoin.
Una vez convertido el dinero en bitcoin, se le transfiere a un monedero encriptado que se pueda esconder y Hacienda no lo va a poder tocar.
Es más: Los que más le quieran arriesgar pueden mandar los bitcoins a bitvc.com en Hong Kong y generar intereses en bitcoin, mientras que Hacienda no los puede tocar.
"¿Y cómo se va a convertir el bitcoin de nuevo a pesos?" se preguntarán algunos. Pues vendiéndolos de persona a persona por medio de localbitcoins.com. O bien, empezando a convencer a la gente de que acepte bitcoin para bienes y servicios.
Al estar el dinero en bitcoin, y ya no tocar al sistema bancario, quien quiera tirarle un dedo a Hacienda lo podrá hacer sin problemas. No le van a poder confiscar efectivo ni cuentas bancarias porque su dinero no estará ni en lo uno ni en lo otro.
"¡Ah! Pero tiene que usar el celular o la internet para mover los bitcoins!" dirán algunos. Sí; pero eso se puede hacer desde un café internet o con una SIM pirata.
De nuevo: no estoy recomendando a la gente que haga esto. Considero que es importante pagar los impuestos que corresponden. Pero sí estoy señalando lo que va a ocurrir si Peña Nieto no se desiste de su uso de la ley de telcomunicaciones para terrorismo fiscal y si insiste en que la clase media, y no las grandes empresas, sean quienes paguen más impuestos.
¿Y el narco? ¡Pffft! El narco ni se preocupa porque es aliado del gobierno -como en el caso de Michoacán- y nunca tocan el dinero que lavan en los bancos.
Por cierto que hay otro detalle: si los comerciantes empiezan a aceptar bitcoin tanto como para compras como para ventas, y usan una dirección bitcoin distinta para cada transacción -usando Coinbase, por ejemplo-, no sólo no los detectaría el sistema bancario, sino que además pueden decir que sólo recibieron pocas ventas, con lo cual podrían alegar que deben menos impuestos.
Como Hacienda no tiene manera de saber quién usó bitcoin y cuánto recibió, estaría complicado que pudieran hacer terrorismo fiscal de esa manera.
Y es que el terrorismo fiscal que pretende hacer Peña Nieto a lo único que va a llevar es a más informalidad y a una clandestinidad financiera que no le conviene ni por asomo a México.
Usar la ley de telecomunicaciones para tratar de espantar a los contribuyentes (ya quedó claro que NO se usará para combatir el lavado de dinero) lo único que va a causar es que la gente busque otras opciones para que Hacienda no los toque. Y entre esas opciones estará el uso de criptomonedas como el bitcoin.
PD: Usuarios de bitcoin en Reddit ilustraron lo que estoy diciendo en esta columna con este chiste basado en The Wolf of Wall Street:
- Podemos confiscar tu cuenta de banco. - Yo uso bitcoin. ¡¡Buena suerte cabrón!! |
PD2: "¡Momento! ¿Qué no le confiscaron un montón de bitcoins al dueño de Silk Road?" se preguntarán algunos. Así es. Pero porque el FBI confiscó sus discos duros. Si los bitcoins se transfieren a un monedero encriptado que no esté en un disco duro, no hay manera de que nadie los toque. Pero insisto por tercera vez: No estoy sugiriendo que la gente haga esto. Estoy señalando lo que podría ocurrir con el terrorismo fiscal de Peña Nieto.
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