Se los advertimos. Gracias a las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, ahora el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto podrá rastrear las líneas telefónicas de los mexicanos sin orden judicial para terrorismo fiscal.
De acuerdo con Reforma, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tendrá acceso a partir de hoy a los datos de todas las líneas telefónicas de México, sean fijas o celulares, sin orden de un juez.
Esto gracias al artículo 189 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que faculta a "los titulares de las instancias de seguridad y procuración de justicia" para que pedirles a las empresas de telecomunicaciones los datos de los usuarios en un plazo de 24 horas.
Las empresas de telecomunicaciones tendrán que entregar los siguientes datos:
Nombre y domicilio del suscriptor; ubicación de posicionamiento geográfico de las líneas; tipo de comunicación y servicios suplementarios o multimedia utilizados; fecha, horas y duración; datos necesarios para identificar el origen y destino de comunicaciones de telefonía móvil, y código internacional de fabricación del equipo y suscriptor.
Hasta el 12 de agosto pasado, sólo la PGR y las procuradurías estatales podían pedir los datos de las líneas telefónicas en tiempo real, pero la ley secundaria de telecomunicaciones permitr que hasta la SHCP pueda hacerlo.
La excusa que usó la UIF, cuyo titular es Alberto Bazbaz -sí, el de Paulette- fue que tiene derecho a aprovechar la reforma porque su función principal es el lavado de dinero.
Sin embargo, en lo que va del sexenio de Peña Nieto, ninguna instancia del gobierno federal priista ha hecho nada por impedir el lavado de dinero por medio del sistema bancario, por lo cual el uso de la reforma de telecomunicaciones para obtener los datos de los mexicanos en realidad es para terrorismo fiscal.
Cabe señalar que la ley secundaria de telecomunicaciones ya fue considerada como inconstitucional y violatoria del derecho a protección de datos personales por el IFAI al permitir la geolocalización sin orden judicial.
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