La respuesta del gobernador de facto de Michoacán, Alfredo Castillo, a quien le demandaban audiencia (a Fausto Vallejo ya sólo lo ven como adorno, al parecer), fue reprimirlos a golpes, mandando al hospital a dos mujeres embarazadas, entre otras víctimas.
Al día siguiente -ayer-, los comuneros exigieron de nuevo entrevista con Castillo, tomaron al menos 8 autos oficiiales, bloquearon la carretera Carapan-Playa Azul, y advirtieron que si no los atendía Castillo quemarían un auto oficial cada dos horas.
Como el gobierno priista los ignoró de nuevo, los comuneros empezaron a quemar vehículos oficiales.
Sólo que no fue cada dos horas. El segundo vehículo que quemaron fue media hora después del primero, según relata El Universal.
La queja de los comuneros ahora era no sólo por programas sociales, sino contra la represión priista.
Y advirtieron que seguirían quemando vehículos si no eran atendidos.
Todo porque el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto -vía el gobernador de facto de Michoacán, Alfredo Castillo- les retiró programas sociales. Es decir, los condenó una mayor marginación.
¿Cómo esperan que se acabe entonces el problema del narco en Michoacán si los propios priistas fomentan la miseria y la desesperación de la gente? ¿Cómo esperan que no haya violencia si a las demandas de atención social de la gente les responden con violencia?
Y todo seguirá igual mientras el PRI y el PAN sigan en el poder.
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