De acuerdo con Reforma, el Estado de México, gobernado por el PRI, pagó indebidamente 5 mil 848 comisionados y empledos del SNTE sin razón legal, pero el gobierno de Edomex respondió que no existían elementos para iniciar un proceso de sanción y que además había expirado en tiempo para un castigo.
Veracruz, también gobernado por el PRI, se negó a sancionar a los funcionarios involucrados en la adjudicación ilegal de tres contratos en Puente Coatzacoalcos por 87.4 millones de pesos por "no haberse acreditado probable responsabilidad administrativa."
Y Baja California, gobernado por el PAN, entregó de manera extemporánea comprobabción de recursos transferidos por la Conado por 25 millones de pesos. Sin embargo, el gobierno panista dijo que no había responsabilidad.
En Chiapas, además, la ASF pidió específicamente fincar responsabilidad es a funcionarios que ejercieron fondos federales para la saludo en pagos para servidores públicos que contaban con plaza pero no hacían labores administrativas. Y a pesar de que el gobierno estatal sí encontró responsables a varios funcionarios, no los sancionó porque "por única ocasión" alegando que los actos que cometieron "no revisten gravedad ni constituyen un delito."
Un caso similar ocurrió en Guanajuato, en donde el gobierno panista no quiso sancionar a funcionarios que dueron información falsa a la ASF sobre nóminas del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica alegando que sí entregaron la información.
Al final, ninguno de los que cometieron delitos fueron castigados.
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