De acuerdo con Reforma, en periodo extraordinario se aprobó la Ley General en Materia de Delitos Electorales por 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, pero rechazando las reservas que plantea la izquierda.
La ley sancionaría con 5 a 15 años de prisión a quien compre votos cuando exista una prohibición legal para la entrega de aportaciones de dinero o en especie de algún candidato, partido político, precandidato, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello.
Se castiga además con 2 a 9 años de prisión a los funcionarios que condicionen servicios públicos, programas gubernamentales, concesiones, permisos, licencias u obras públicas que estén bajo su competencia.
También se sanciona a los funcionarios que soliciten a sus subordinados aportaciones en dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido, coalición o agrupación política.
Y supuestamente la ley sanciona el turismo electoral.
Sin embargo, la ley no prohibe el uso de utilitarios, que fue lo que hizo Enrique Peña Nieto en 2012 para comprar votos; coaccionar votos por medio del uso de utilitarios.
De esta forma, el PRI podría volver a comprar votos con utilitarios y despensas como lo hizo en 2012.
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