El PRD denunció ayer que el PRI y el PAN pretenden aprobar esta semana la Ley de Consulta Popular, la cual tendrá múltiples candados que no están en la Constitución -incluso en contradicción directa de la misma- para que no se pueda llevar a cabo la consulta sobre la reforma energética.
Entre los candados que pretenden poner el PRI y el PAN se encuentran los siguientes:
1. Pretenden prohibir que sea materia de consulta las modificaciones a la Constitución a pesar de que la propia Constitución no lo prohibe.
2. Agrega requisitos adicionales para poder realizar una consulta para burocratizar el proceso y hacer más difícil el poder realizar una consulta ciudadana.
3. Establece las firmas para una consulta se deberán entregar a la Cámara de Diputados, contradiciendo a la propia Constitución que establece que el CONGRESO podrá recibir las firmas. Es decir, cualquiera de las dos cámaras. Esto afectaría a la consulta energética debido a que las firmas para pedir la consulta fueron recibidas por el Senado.
4. Impone el requisito de tener que pedirle permiso al IFE para realizar una consulta ciudadana, cuando la Constitución nunca le da al IFE esa facultad. Si no se le pide permiso al IFE, no valen las firmas recabadas. Y puesto que no se le pidió permiso al IFE para la consulta energética, con eso pretenden el PRI y el PAN frenarla.
5. Establece que si el IFE determina que faltaron firmas, se le da carpetazo a la petición de consulta y hay que recabar millones de firmas de nuevo, en vez de otorgar prórroga para terminar de completar la entrega de firmas, dificultando de esa forma el poder realizar una consulta.
Estos candados sugieren que el PRI y el PAN saben que sí se puede hacer una consulta energética en base al artículo 35 Constitucional, y que por lo tanto buscan frenarla a como de lugar.
Ahora bien, hay dos cosas que considerar:
1. Los candados burocráticos se pueden sortear. Total; se reunen las firmas de nuevo y punto.
2. Lo que no se puede sortear es una prohibición en una ley secundaria a las consultas sobre reformas constitucionales. Sin embargo, hay dos maneras de resolver ese punto:
A) Con una controversia constitucional para que lo decida la SCJN. Esta es la opción más débil ya que la SCJN puede recibir línea del gobierno.
B) Haciendo una consulta en 2015 sobre la ley secundaria de consulta popular. Si en esa consulta la ley reglamentaria es echada abajo, ya no hay candado para la consulta energética y se puede llevar a cabo en 2018. De hecho, como en 2018 hay más participación ciudadana en las elecciones, sería más fácil echar abajo a la reforma energética.
Así que la izquierda debe ponerse a trabajar en la opción B desde YA, y no esperarse a lo que diga la SCJN. Sólo así se podrá frenar la cochinada que quieren hacer el PAN y el PRI y además echar abajo la reforma energética, con lo cual la privatización del petróleo sólo duraría 3 años, luego de los cuales se invalidaría la participación privada en el sector energético y se tendría que llevar a cabo una nueva nacionalización del sector.
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