De acuerdo con Reforma, el gobierno de Mancera pidió a la ALDF analizar el impacto de las manifestaciones para determinar si la punibilidad planteada en los tipos penales allí formulados se halla asociada a la gravedad del daño a los bienes jurídicos tutelados.
Es decir, Mancera le está pidiendo a la ALDF que considere si el incremento a los castigos que propusieron de verdad son justos considerando el tipo de delito.
No sólo eso; Mancera le pidió a la ALDF que evite que el Estado sancione a una persona por un supuesto grado de peligrosidad derivado de apariencias o en la opinión pública en virtud de la ideología que exprese.
En otras palabras, Mancera les pidió a los diputados que de no se dejen llevar por los reclamos de unos cuantos para aumentar los castigos por manifestaciones.
Y además, Mancera les pide a los diputados locales que se valore la necesidad y posibilidad de formular normas de carácter administrativo, incluidos los protocolos de actuación policial, para permitir garantizar el ejercicio de los derechos a la libre manifestación y al mismo tiempo poder prevenit y controlar cualquier conducta violenta y apartada de la norma de la libertad de expresión.
Eso quiere decir que Mancera le está pidiendo a los diputados una normatividad para el proceder de la policía.
La ALDF endureció recientemente los castigos contra quienes cometan desmanes en las manifestaciones, pero Mancera ahora está rechazando el endurecimiento aprobado por la ALDF.
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