En conferencia de prensa, López Obrador leyó la carta que le eviará a Exxon, en la cual señala:
“Le informamos que nuestra Constitución no permite la participación de empresas privadas, nacionales o extranjeras, en la industria petrolera nacional. El artículo 27 de esta ley suprema es fruto de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX; es decir, se trata de una conquista de nuestro pueblo para hacer valer la soberanía nacional y en cuya lucha perdieron la vida más de un millón de mexicanos.
De modo que lo exhortamos a medir las consecuencias de establecer relaciones de negocios con un gobierno que pretende transgredir los principios básicos y el espíritu de nuestra ley fundacional.
Nuestro movimiento, señor no se opone a sus negocios ni a las inversiones privadas, siempre y cuando se respete el derecho soberano del pueblo y de la nación. Como usted comprenderá, no vamos a quedarnos cruzados de brazos ni a permitir que se nos regrese al pasado para cancelar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos.
…Por eso alertamos a tiempo a usted y a los accionistas de su empresa, que el firmar contratos de utilidad compartida o invertir en la refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica, sería como comprar mercancía sin factura, algo chueco, propio de la piratería. Asimismo, hacemos de su conocimiento que la mayoría de la población vería a su empresa como cómplice de un atentado contra el interés nacional.”
La carta omite mencionar, no obstante, la posibilidad de que el PAN y el PRI aprueben una modificación constitucional al artículo 27 para permitir la privatización de Pemex, con lo cual la participación de trasnacionales en Pemex ya sería legal.
López Obrador llamó a cercar el Senado para evitar la aprobación de la reforma energética, pero no explicó cómo logrará ese cerco que el PAN y el PRI cambien de opinión y rechacen la privatización del sector energético.
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