A pesar de que Enrique Peña Nieto alegó que con la reforma de telecomunicaciones las concesiones ya no serían en base a criterios políticos, en realidad una de sus modificaciones sigue sujetando a las concesiones de telecomunicaciones a capricho del Ejecutivo federal.
Y es que una de las modificaciones al artículo 28 Constitucional incluye el siguiente párrafo en el cual las decisiones del nuevo Instituto Federal de Comunicaciones, ocurrirán sólo previo a la opinión del Ejecutivo Federal.
Dice el agregado al texto Constitucional:
Corresponde al Instituto, previa opinión no vinculante del Ejecutivo Federal, elotorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios decontrol accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas conconcesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.
El texto establece que antes de que el Instituto Federal de Comunicaciones tome cualquier decisión sobre otorgar, revocar o cambiar concesiones de radio o televisión, primero debe dar su opinión "no vinculante" el presidente.
Por "no vinculante" se supondría que el Instituto podría no hacerle caso a la opinión del presidente, pero historicamente eso nunca ha ocurrido. Ninguna instancia federal simplemente ha ignorado al titular del Ejecutivo. Y menos ocurriría si consideramos que Enrique Peña Nieto busca un presidencialismo como el del viejo PRI.
Pero eso no es todo. De acuerdo con la propia reforma de telecomunicaciones, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones serán propuestos por el Ejecutivo federa, por lo cual resultaría imposible que sus decisiones fueran independientes o que le pudieran llevar la contraria al presidente inclusive con la ratificación del Senado. Dice el texto:
"Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo el comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado."
Para que fuera creible que el Ejecutivo federal no tendría injerencia en las concesiones de radio y televisión, se tendría que eliminar del añadido al artículo 28 la frase "previa opinión no vinculante del Ejecutivo Federal" y los consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones tendrían que ser propuestos por el Senado, no por el Ejecutivo federal. De otra manera, la reforma de telecomunicaciones no será otra cosa más que un maquillaje para el mismo control de siempre de las concesiones a capricho de Los Pinos.
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