Por medio de un comunicado, Pizano Osorio señaló que desde el inicio de la Legislatura se comprometieron no sólo a presentar iniciativas que den continuidad al trabajo impulsado por la izquierda, sino además a trabajar en propuestas que den resultados transparentes y contundentes en favor de los capitalinos.
Indicó que entre las propuestas de su grupo parlamentario se encuentra presentar una iniciativa de reformas a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos y la Orgánica de la ALDF, para evitar que funcionarios públicos locales no acepten o incumplan las recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
De esa manera, agregó, se omitirían los términos de “aceptación parcial” y “cumplimiento parcial” de una recomendación, mismos que se encuentran actualmente en el Artículo 65 Bis de la Ley de Derechos Humanos, de tal forma que se establezca si aceptará o no, cumplirá o no, las recomendaciones suscritas por la Comisión de Derechos Humanos local.
Asimismo resaltó la iniciativa de Ley de las Personas Jóvenes, que tiene como principal objetivo respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y sexuales de las y los jóvenes que habitan y transitan en la ciudad de México.
Desde un principio el GPPRD inició el análisis de temas relevantes como el arraigo, la extinción de dominio, el presupuesto participativo, la protección de los menores que asisten a las guarderías, la creación de una tarifa social en materia de cobro de luz eléctrica, tipificar el maltrato animal en el Código Penal, que impulsó la diputada Ariadna Montiel, reformas aprobadas por unanimidad ante el Pleno de la ALDF, entre otros.
En cuanto al arraigo domiciliario resaltó la iniciativa del diputado Efraín Morales López, para analizar uno de los asuntos más polémicos que se deben trabajar profundamente, ya que mientras para algunas autoridades es una figura que se aplica en todos los países democráticos, que tiene como fin la investigación de los delitos, para otros es una medida fuera de proceso e injustificada que debe ser atendida desde la ALDF.
Asimismo subrayó la iniciativa de Reforma a la Ley de Extinción de Domino del Distrito Federal, del diputado Daniel Ordóñez Hernández, que busca involucrar de “forma obligada” a las personas que rentan un inmueble a conocer perfectamente al cliente potencial y así corregir el vacío existe para evasiva de responsabilidades.
Esta modificación, dijo, le da la facultad al “dueño o arrendatario” no de hecho sino de derecho y la corresponsabilidad de verificar constantemente el uso que se le dé al inmueble en renta, además de proporcionar mayores elementos a la autoridad para esclarecer “la buena fé” de los legítimos propietarios del bien, en caso de que se aplique el procedimiento de Extinción de Dominio.
Entre otros temas, sostuvo que la iniciativa que tiene como objetivo dar respuesta y combatir el avance del mercado de drogas en la Ciudad de México, así como el consumo de las mismas, denominada Ley para el tratamiento Jurisdiccional de las Adicciones del Distrito Federal, fue un también un acierto de Ordóñez Hernández.
Propuesta que pretende terminar con la criminalización de las adicciones; además de propiciar la rehabilitación de quienes delinquen bajo el influjo, abuso o dependencia de sustancias adictivas, bajo la supervisión de un Tribunal de Tratamiento para las Adicciones.
En cuanto a la iniciativa de Ley para la Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y desarrollo Infantil, que encabezó su homólogo Jorge Zepeda Cruz, precisó que el objetivo es contar con un marco jurídico que brinde protección, salvaguarde el bienestar y la vida de cerca de 500 mil niñas y niños del DF que asisten a los diversos Centros de Atención Infantil locales.
Agregó que con dicho ordenamiento se regularían 531 Centros de Atención Infantil del DF que actualmente son administrados por alguna dependencia del gobierno local o regulados por la Secretaría de Educación Pública local, lo que se sumará a los 817 que administra o regula el gobierno federal.
Dinorah Pizano mencionó que otro de los temas que deben continuar su análisis es el relacionado con la participación ciudadana, la correcta aplicación del presupuesto participativo, la reactivación de las Asambleas Ciudadanas, equipar los Consejos Delegacionales y dotar de mejores herramientas a los comités vecinales y consejos de los pueblos, tal y como lo ha señalado la diputada Lucila Estela Hernández.
Finalmente resaltó el compromiso para atender las demandas de los capitalinos por los cobros excesivos por suministro de energía eléctrica e impulsar la creación de una tarifa social acorde a los distintos sectores de la población, propuesta que impulsará el diputado Alejandro Ojeda Anguiano.
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