La Jornada publica hoy una nota señalando que el ex Jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, envió a la ALDF una modificación al código penal del DF para reforzar el artículo 362. Ebrard lo envió antes de los disturbios del 1 de diciembre.
El principal enfoque de la nota alega que la iniciativa de Ebrard no reducía la condena de 5 a 30 años -con lo cual el uso de violencia para alterar la paz seguía siendo delito grave-, y que Ebrard equiparaba a los ataques a la paz pública con terrorismo.
En un tercer plano, hasta el final de la nota, La Jornada menciona el verdadero punto clave de la reforma de Ebrard: sancionar a quienes financien disturbios a la paz pública.
Con esa modificación a la ley lo que se buscaba era que tuvieran una condena de 5 a 30 años de prisión "a quien realice algún o algunos actos de cualquier naturaleza que tengan el efecto de financiar, aportar o recaudar fondos económicos para la realización de ataques a la paz pública."
Es decir, no sólo se castigaba a los autores materiales del delito, sino a quienes financiaran actos de violencia que perturben la paz pública.
La medida obviamente responde al hecho de que unos meses antes, alguien pagó a un grupo de personas en la frontera con el Estado de México para difundir rumores con un altavoz.
Los que lo estaban haciendo fueron detenidos y confesaron que les pagaron por hacerlo.
Previo a ese incidente, hubo una sicosis de miedo en Edomex porque, alegaban, había muertos por todas partes y gente disparando en las calles, etc.
Ese caso en particular, de sicosis pública, fue visto como un intento del PRI para que la gente no fuera al evento de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo del DF, donde finalmente anunció su separación del PRD y la fundación de MORENA como partido político. Es decir, lo que aparentemente se buscaba era que la gente se amedrentara y no saliera de sus casas para apoyar a AMLO.
En Edomex las autoridades permitieron que esto ocurriera, per en el DF no fue tolerado. La policía del DF arrestó a quienes difundieron los rumores de que venían antorchistas a vandalizar comercios y agredir personas. Los detenidos, como ya lo dijimos, confesaron que en efecto les pagaron por esparcir rumores y crear sicosis.
La modificación a la ley, por consiguiente, buscaba que quienes le pagaran 400 pesos a alguien por hacer actos de violencia para alterar la paz, no quedaran impunes.
¿Quién paga por eso? Sólo hay un posible sospechoso: El PRI.
Pero La Jornada le da otro enfoque a la nota. Pretende que creamos que Marcelo Ebrard buscaba endurecer una ley de la cual nadie nunca se quejó, y que fue promulgada por López Obrador, atizando a las acusaciones sin fundamento de que Ebrard es un represor.
Ignoro si La Jornada hizo esto por miopía o por mala leche. O si de plano fue por tratar de quedar bien con el PRI. Pero el hecho es que esa nota contribuye al mismo juego del cual el PRI se ha beneficiado: hacer que la izquierda ataque al GDF y que no toque a Enrique Peña Nieto.
Recordemos otra cosa: si se deroga el artículo 362, los verdaderos responsables de los desmanes en el DF quedarán impunes.
Y si el 362 se hubiera reformado para castigar a quienes financien el uso de la violencia para causar disturbios en el DF, los que le pagan a los halcones del PRI la tendrían que pensar dos veces.
Si La Jornada quiere vivir en el mundo de caramelo, y hacerse tarugos sobre la realidad del asedio del PRI a la izquierda en el DF, es asunto de ellos. Pero no tienen idea del daño que le están haciendo al proyecto de izquierda a nivel nacional.
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