De acuerdo con Reforma, fue el 30 de noviembre cuando la PGR le notificó al municipio de Monterrey que las instalaciones del Casino, donde murieron decenas de personas en un atentado del narco, serían restituidas a sus propietarios.
La declaración de Arellanes ocurre luego de que los dueños del casino Royale retiraran cruces, mantas y fotografías en memoria de las 52 víctimas que estaban en el exterior del inmueble.
El retiro de las cruces y fotografías causó indignación en Monterrey.
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