La PGR publicó ayer un desplegado advirtiendo a los ex gobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y a Eugenio Hernández, que si en 90 días no se presentan a comparecer ante las autoridades por el caso de narcotráfico en su contra -y en el cual Yarrington tiene orden de arresto- entonces les van a decomisar sus propiedades, que incluyen casas, autos, joyas, ganado y hasta una isla.
El detalle es que dentro de 90 días será enero de 2013, cuando Felipe Calderón ya tenga más de un mes de haber dejado el poder, y por consiguiente la decisión de proceder en contra o de exonerar a Yarrington y a Eugenio Hernández será del ex candidato presidencial priista Enrique Peña Nieto.
Peña Nieto no va a proceder contra ex gobernadores del PRI. A principios de este año dijo que las acusaciones contra Yarrington eran una mera campaña de desprestigio contra el PRI. Y el PRI nunca expulsó de sus filas a Yarrington. Sólo le suspendieron sus derechos como militantes. Es decir, en cualquier momento podrían regresarle su militancia activa en el partido.
Con lo cual tenemos que, en los hechos, Felipe Calderón está exonerando a Tomás Yarrington y a Eugenio Hernández.
La pregunta ahora es ¿por qué y a cambio de qué?
Se podría alegar que al dejar que Peña Nieto les de impunidad a los ex gobernadores priistas, Calderón le genera un problema político al PRI para que el PAN lo pueda criticar durante la siguiente administración. Pero entonces el revire del PRI es "el que no procedió contra ellos fue Calderón."
Así que en realidad se trata de impunidad tanto del PAN como del PRI si Peña Nieto no procede contra Yarrington ni contra Eugenio Hernández.
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