Los amparos argumentan que la manera en la que se fijó el procedimiento para discutir y votar la reforma laboral enviada al congreso por Felipe Calderón viola sus derechos humanos como legisladores puesto que se les impidió participar en la elaboración del dictamen y debate de la reforma.
De acuerdo con Reforma, los amparos señalann que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados "ignora el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria", y que la junta decidió las formas del dictamen cuando es una facultad establecida para las comisiones de trabajo.
"En el presente juicio de amparo no se solicita al juez de distrito intervenir u opinar sobre la oportunidad política de la iniciativa en dictamen, o sobres méritos de fondo, sino únicamente impedir que un trámite legislativo violente el derecho de participación política de los legisladores e indirectamente de los electores", dice el amparo.
Esto debido a que cuando llegó la reforma laboral a San Lázaro no existía una comisión del trabajo, por lo cual la junta de Coordinación Políticaa estableció cómo se discutiría la reforma laboral e incluso los tiempos para votarla.
Por consiguiente, el amparo busca que se suspenda el acuerdo de la Junta de Coordinación Política y se regrese el dictamen a su estado anterior para que no se apruebe la reforma laboral en el plazo de los 30 días.
Esto debido a que una reforma como la laboral no puede procesarse mediante acuerdos de autoridades incompetentes, como la Junta de Coordinación Política, por lo cual se exige que se continúe el proceso legislativo conforme a la normatividad vigente.
Los firmantes en el amparo son Ricardo Monreal, Alberto Anaya, Ricardo Mejía, Adolfo Orive, Ricardo Cantú y Loretta Ortiz entre otros.
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