La denuncia solicita que se investiguen las imputaciones de López Obrador contra el PRI por lavado de dinero, las cuales han sido respaldadas por AMLO con evidencia, pero que el PRI alega que son falsas.
Sin embargo, la PGR no tiene atribuciones legales para investigar casos de difamación o de daño moral, ya que no son delitos federales.
El PRI pide castigo para quienes, según ellos, están mintiendo. Sin embargo, la PGR no puede darle seguimiento a una denuncia de esa naturaleza por el simple hecho de que no se trata de un delito federal.
Cabe señalar que la campaña de López Obrador ha presentado diversas evidencias de lavado de dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto por medio de empresas fantasma para triangular dinero para la compra de tarjetas monex para la campaña de Peña Nieto, con lo cual, además, se habría rebasado los topes de campaña.
Por ejemplo: la empresa Atama habría usado a la empresa Inizzio para comprar millones de pesos de tarjetas Monex para operadores del PRI. Inizzio tiene las características de ser una empresa fantasma al tener un domicilio fiscal en un consultorio dental y ser sus socios dos trabajadores sin ocupación fija.
Por si fuera poco, la empresa Alkino, única reconocida por el PRI como compradora de sus tarjetas de Monex, admitió que recurrió a Atama para comprar las tarjetas.
El PRI no ha explicado por qué no simplemente acudió directamente a Monex a comprar las tarjetas en vez de usar intermediarios.
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