Empiezo diciendo que la minoría que domina en el país, decidió de tiempo atrás, para mantener el régimen de corrupción que les beneficia, imponer a Enrique Peña Nieto como Presidente de México.
La estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios de comunicación y mediante la publicidad introducirlo al mercado para hacerlo figura nacional.
Televisa, Milenio y muchos otros, se dedicaron a proyectar una imagen de Peña Nieto que no corresponde a lo que es y representa.
Con esa fórmula, durante mucho tiempo, Peña Nieto mantuvo una gran popularidad, pero en la campaña las cosas empezaron a cambiar. Poco a poco, la gente se fue enterando por las redes sociales y por otros medios no convencionales, que se trataba de un engaño, de una farsa.
El 6 de mayo se celebró el primer debate y, aun cuando no se transmitió en los canales de mayor audiencia, millones de mexicanos se percataron de que Peña Nieto perdió el debate y quedó evidenciado como el candidato del grupo más corrupto de México.
Posteriormente, el 11 de mayo, Peña Nieto asistió a la Universidad Iberoamericana. Los estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodean, así como la distorsión de los hechos en los medios de comunicación, en particular de Televisa, dio lugar al movimiento #YoSoy132.
A partir de entonces, esta expresión estudiantil, con la demanda del derecho a la información y de no permitir la imposición de Peña Nieto, empezó a despertar a otros jóvenes en todo el país y a sacudir las conciencias de los ciudadanos, sobre todo, de las clases medias de México.
Después de este importante acontecimiento, empezó a crecer el rechazo hacia Peña Nieto y se precipitó su desplome en cuanto a las preferencias electorales. El jueves 31 de mayo, el periódico Reforma dio a conocer una encuesta en la cual la diferencia entre Enrique Peña Nieto y mi candidatura era de apenas 4 puntos. Días después, del 31 de mayo al 4 de junio, nuestro equipo técnico levantó otra y el resultado ya nos daba 2 puntos de ventaja.
Al percatarse sus patrocinadores que Peña Nieto se estaba cayendo, desesperados buscaron reforzar su estrategia mediática y consiguieron el apoyo del ex presidente Vicente Fox. Al mismo tiempo, iniciaron la guerra sucia en mi contra, en contubernio con los personajes que ejercen más influencia en el Partido Acción Nacional.
Sin embargo, lo más perverso e ilegal, fue la determinación de reclutar y alinear a los gobernadores del PRI para encargarles que se ocuparan de obtener votos a como diera lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole.
El 12 de junio, en Toluca, en la casa oficial del gobernador del Estado de México, se reunieron 16 gobernadores del PRI con Peña Nieto y su equipo de campaña. Ahí, se asignaron cuotas de votos por mandatario.
Por ejemplo, Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México, se comprometió a conseguir 2 millones 900 mil votos que, casualmente, fue lo que obtuvo Peña Nieto en el Estado de México.
La confabulación de los gobernadores en el Estado de México se tradujo en utilizar recursos del presupuesto público de los estados para comprar millones de votos en todo el país.
Una prueba bien documentada de lo anterior fue el modo en que operó el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, el cual asignó a sus principales colaboradores, por distrito y municipio, y está demostrado que manejar n chequeras con millones de pesos para la compra de votos.
En la práctica, en todo el país, el sufragio se adquirió con dinero en efectivo, con tarjetas para la obtención de mercancías, con despensas, materiales de construcción, fertilizantes y otras dádivas.
A los cuantiosos recursos económicos de procedencia ilícita que se ejercieron para la compra de los votos, habría que sumar miles de millones de pesos gastados en publicidad, en encuestas hechas a modo y en el pago a qui nes ejecutaron y apoyaron directa o indirectamente este vergonzoso plan. Todo ello, obviamente, rebasa con creces el tope de gastos de campaña establecido en la ley.
El operativo masivo de compra de votos se llevó a cabo antes y durante el día de la elección. Un caso emblemático es el de los monederos electrónicos de las tiendas Soriana, comercios que fueron vaciados por multitudes d l Estado de México, que canjearon tarjetas al día siguiente y en los días posteriores a la elección.
Aunque la compra del voto se dio prácticamente en todo el país, fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural. En estos lugares se registró el mayor nivel de participa ión ciudadana del país, contrario a lo sucedido en las anteriores elecciones presidenciales y superior a la media nacional registrada en los actuales comicios.
Por ejemplo, en los tres distritos con más población rural de Yucatán, se registró una participación promedio del 86 por ciento. En Chiapas, la participación ciudadana, con respecto al 2006, se incrementó en 118 por cien o y el PRI consiguió 506 mil votos de más.
Asimismo, en las casillas no urbanas, que son el 35 por ciento del total, Peña me gana, entre comillas, con 2 millones 801 mil 042 votos, lo que representa el 85 por ciento de su supuesta ventaja a nivel nacional.
No puede dejar de indignar y entristecer, el constatar, que los responsables de la desgracia de millones de mexicanos, encima de todo, utilicen a sus víctimas, en particular a los más pobres y desinformados, para sostene su funesto poder económico, político y mediático.
Además, fueron introducidas a las urnas ilegalmente infinidad de boletas marcadas a favor de Peña Nieto.
Las pruebas y testimonios que hasta ahora tenemos, nos permiten sostener que se compraron 5 millones de votos, aproximadamente. Tan solo en el Estado de México, Veracruz y Chiapas se adquirieron alrededor de 2 millones d votos.
En razón de lo anterior, y sin tomar en cuenta otras violaciones flagrantes a la Constitución y a las leyes en la materia, podemos resumir que en elecciones libres, la mayoría de estos ciudadanos no hubiesen votado por Peña Nieto.
Estamos ante un hecho completamente atípico. Baste decir que en las 902 casillas especiales que se instalaron en todo el país, donde sufragaron libremente los ciudadanos, el resultado fue completamente distinto: por Josefina Vázquez Mota 27.8%, por Enrique Peña Nieto 28.1%, por mi candidatura 41.0%, por Gabriel Quadri 1.6%, por candidatos no registrados 0.2% y los votos nulos 1.2%. En este tipo de casillas Peña solo gana en 4 estados de las 32 entidades de la República.
En suma, el sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos, no permite dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto.
En el terreno estrictamente legal, se violó el Artículo 41 de la Constitución, que establece que las elecciones deben de ser libres y auténticas.
En consecuencia, el día de hoy, en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial.
Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele, en los hechos, la vía democrática.
Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno.
A mediados de la semana próxima, daremos a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y de la Dignidad de México.
Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución.
En especial, reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos.
No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México.
Ciudad de México, 12 de julio de 2012
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