Esto debido a que, según el IFE, le fueron suspendidos sus derechos políticos.
Ciprina inició sus actividades como activista a favor de las mujeres trabajadores de maquiladoras en 1993. En 2008, tras el Operativo Conjunto Chihuahua, ordenado por Felipe Calderón, Cipriana denunció los abusos del ejército, los cuales incluían asesinatos y desapariciones forzadas.
En consecuencia, Cipriana fue detenida por una presunta denuncia de obstruir las vías de comunicación cuando participó en una protesta contra el feminicidio en 2005.
Tras los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Susana Chávez, Cipriana decidió buscar asilo político en Estados Unidos.
Una vez viviendo en Estados Unidos, Cipriana tramitió su crecencial de elector como residente en el extranjero, pero la respuesta del IFE fue negarle el registro debido a que, dijo el IFE en una carta, sus derechos electorales fueron suspendidos.
El IFE alega que puede apelar la decisión, pero para cuando eso suceda las elecciones presidenciales ya habrán transcurrido.
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