La ley obliga al Estado a dar asistencia y protección a personas afectadas por la inseguridad o la violación de sus derechos humanos, además de garantizarles el pago de hasta 500 veces el salario mínimo mensual como reparación del daño, lo cual equivale a unos 855 mil pesos.
De acuerdo con Notimex, la Ley General de Víctimas fue un compromiso que hizo el congreso en los diálogos del Castillo de Chapultepec en julio de 2011.
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