De acuerdo con Notiver, el procurador general de Justicia de Veracruz, Amadeo Flores Espinosa "en colusión con el ayuntamiento de Orizaba, le armó un entramado judicial (al médico) para consignarlo ante el Ministerio Público."
Esto, dice Notiver, a petición del alcalde priista Hugo Chahín y del candidato priista a diputado federal por Orizaba, Juan Manuel Diez Francos.
Amadeo Flores Espinosa habrta revivido una denuncia penal que interpuso el ayuntamiento en 2009 acusando al médico de tener dos trabajos al mismo tiempo, ya que laboraba como médico forense para la Subprocuraduría General de Justicia y también como médico de base en el ayuntamiento de Orizaba, donde labora desde hace 23 años.
La acusación se archivó durante 3 años pero fue resucitada hace 3 semanas por Flores Espinosa porque pretendía obligar al doctor Mendizábal a renunciar a su derecho a una indemnización justa luego de que fue despedido del ayuntamiento en 2008.
En agosto de 2011, el Tribunal Colegiado de Circuito en Boca del Río falló a favor del doctor Mendizábal, ordenando al ayuntamiento de Orizaba el pago de salarios caídos, intereses y demás prestaciones laborales por un millón 300 mil pesos, el cual no quiere pagar Chaín pese a que tiene orden de un juez para hacerlo.
Es por eso, dice Notiver, que Chahín, Diez Francos y Amadeo Flores se confabularon para revivir el expediente judicial y encarcelar al doctor Mendizábal si no acepta una indemnización de 300 mil pesos por su despido.
Según fuentes citadas por Notiver, la orden del procurador de Veracruz es "buscar donde sea con tal con tal de consignarlo (al doctor), darle un escarmiento", al grado de llegar a fabricar delitos.
El caso de Zongolica causó una enorme indignación en México debido a que la anciana indígena fue violada tumultuariamente por soldados del ejército mexicano y tirada a una zanja.
Luego de que el doctor Mendizábal dictaminara que había sido asesinada, el gobierno de Fidel Herrera cambió su postura y se sumó a la versión oficial de Felipe Calderón, quien, en entrevista para La Jornada, aseguró que la anciana murió de una gastritis mal atendida.
Tiempo después, la Presidencia tuvo que admitir que no existían pruebas que respaldaran la afirmación de Calderón.
Al final se le dio carpetazo al caso luego de que se le dio una casa y compensaciones a los familiares de la anciana, quienes no volvieron a declarar nada a los medios.
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