OFICIO DE PAPEL COLUMNA SEMANAL DEL PERIODISTA MIGUEL BADILLO

Lunes 20 de febrero de 2012

• Piden tribunal para castigar dispendio
• Aumentan ASF vigilancia en estados
• Insufiente el esfuerzo contra el lavado

Una vez más los informes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), órgano técnico encargado de la revisión del gasto publico federal que depende por completo del Poder Legislativo, ponen bajo los reflectores el despilfarro que se hace del Presupuesto de Egresos de la Federación; la manga ancha de los gobernadores para endeudarse y, sobre todo, el abuso de poder y la impunidad con la que se mueven los funcionarios públicos a quienes, en el mejor de los casos, se les aplican criterios cuantitativos para revisar su gestión, pero nunca cualitativos.

Es cierto, por lo tanto, que la ASF afinan sus criterios técnicos para revelar cómo los gobernadores omiten los detalles finos de su endeudamiento, pero aún falta saber sí aplicaron de la mejor manera esos fondos en beneficio de los contribuyentes.

Eso mismo sucede con los servidores públicos a quienes no se les cuestionan los criterios ni la rendición de cuentas en su toma de decisiones. La administración pública debería contar con procesos que marquen la visión social en la aplicación del gasto público, pero no es así y, tal vez, esperamos mucho de la Auditoría.

Como dice el economista David Colmenares, porque pedirle más a la ASF si se trata de un órgano técnico que simplemente no tiene autonomía presupuestal ni facultades administrativas sancionatorias; acaso resarcitorias. De hecho, en 2010 recuperó más de 6 mil 351 millones de pesos y en ocho años la suma asciende a 50 mil millones. Lo que nunca sabremos es cuánto ha perdido el país en materia de crecimiento, de igualdad y oportunidades para su población a causa de la omisión y corrupción de funcionarios públicos.

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