De acuerdo con Reforma, fue el PRI quien propuso descongelar la propuesta que había estado archivada durante cinco años para de esa manera Enrique Peña Nieto pueda poner a su gente en el gobierno.
La senadora priista Cristina Díaz pretendió justificar estos despidos alegando que la nueva administración pública federal debe encontrar espacios libres para los funcionarios que reúnan los requisitos para ser contratados.
Esto se haría eliminando el inciso A del artículo 5 de la Ley Federal de Servicio Profesional de Carrera para eliminar 3 mil 937 plazas de directores generales y adjuntos.
Sólo 472 funcionarios de todos los despedidos tendrán a salvo sus derechos laborales.
El PAN, cuya gente se vería afectada, acusó a esta reforma como una regresión en el combate a la corrupción para beneficiar a Peña Nieto.
El PRD apoyó la propuesta del PRI, lo cual también fue criticado por el PAN.
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